El español medio no tiene una gran cultura económica; sin embargo es muy fácil hablar del dinero de la Iglesia dando la sensación de que "hay algo turbio". Es bueno aclarar algunos mitos.
Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado.
MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad
Esto es Falso.
Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España.
Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis... Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico.
El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia.
Hablar de "el dinero de la Iglesia" es como hablar de "el dinero de la sociedad civil": se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.
MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.
Otro mito, falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa "crucecita" del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos, libremente, con su decisión formada según sus propios criterios. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.
Pero es que además, como ya veremos, la Iglesia ahorra una buena “pasta” al Estado – que pretenden hacer laico, aunque sea a la fuerza- por los distintos y múltiples servicios sociales – con independencias de los puramente religiosos- que presta.
¿ De verdad puede pretender un gobierno serio aislar y arrinconar a la Iglesia Católica en el rincón del ostracismo?
Por otra parte, muy al contrario de lo que se cree por la ignorancia de uso común, en Europa son Estados confesionales el Reino Unido (Iglesia Anglicana), Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia (con sus respectivas iglesias nacionales protestantes) y Grecia (Iglesia Ortodoxa Griega).
En estos países, y en términos generales, los servicios religiosos son servicios públicos; sus oficiantes son funcionarios y existe una dotación presupuestaria para la iglesia oficial.
MITO 3: El "sistema alemán" de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno
El secretario de Libertades Públicas del PSOE, en la anterior legislatura, propuso recurrir a un sistema "similar al alemán", que según él es un "impuesto religioso voluntario y adicional" donde el Estado haría de mero recaudador.
En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).
La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía.
Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros………………
Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno actual implantase este sistema en España.
Continuará…………….
Fuentes: www.solidaridad.net.
viernes, 18 de julio de 2008
BALANZAS Y AGRAVIOS
Balanzas y agravios
LA publicación de las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido una cesión inútil del Gobierno a la presión del tripartito catalán y de las formaciones nacionalistas que querían poner números a su permanente estado de queja y reivindicación. La polémica está viciada en su origen porque el Gobierno aceptó el planteamiento nacionalista de que esas balanzas reflejarían el desequilibrio entre lo que algunas comunidades aportan al conjunto del país y lo que reciben como servicios públicos. Esta forma de entender la solidaridad ignora aspectos fundamentales de la contribución al interés general y empuja a conclusiones erróneas porque no reflejan fielmente el estado de la cuestión. No son los territorios, sino los ciudadanos y las empresas las que aportan fondos a través de sus impuestos. Además, es lógico que quienes crean más riqueza sean, al mismo tiempo, los que más aportan a los demás ciudadanos. Por otro lado, las discrepancias entre los expertos sobre los criterios de medición de las balanzas obligan a no dogmatizar sobre sus resultados. Por ejemplo, no se debe obviar que los impuestos de una empresa tributan por los servicios pagados por ciudadanos de cualquier rincón de España. Una cosa es dónde se genera la riqueza y otra distinta dónde se computa a efectos fiscales. También los ciudadanos pagan impuestos por lo que ganan, no por los servicios públicos de educación, sanidad o transporte que reciben. La cohesión social o la solidaridad entre regiones tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia a una misma realidad nacional. Sin ese sentimiento, la solidaridad es sustituida por la contabilidad.
El problema político no sólo subsiste sino que se agrava al dar publicidad a unos datos sembrados de dudas metodológicas y que conducen a la confusión, porque abierta la caja de los números, cada cual los lee a su manera y reclama para sí la prueba del agravio. Esta no es la forma de funcionar en un Estado unitario, basado en la idea de una nación articulada por la igualdad y la solidaridad entre sus ciudadanos. La publicación de las balanzas va a complicar innecesariamente cualquier negociación sobre financiación autonómica, porque ya está excitando agravios y dando coartadas a actitudes egoístas. Nada sería más perjudicial para la sociedad española, sobre todo en un momento de grave crisis como el actual, que el Estado autonómico fuera el escenario de una partición entre comunidades «contribuyentes» y comunidades «receptoras».
Ahora bien, más allá de las distancias que hay que tomar para valorar estos datos, sí deben tenerse en consideración para un doble efecto político. Por un lado, la queja del tripartito catalán es desproporcionada. Con criterios territoriales, Madrid y Baleares están por delante de Cataluña en déficit fiscal. Cuestión distinta es que esta comparación sea irrelevante para el tripartito presidido por José Montilla, porque el Estatuto catalán prevé un sistema propio de financiación, desvinculado del interés general y basado en una relación confederal entre Cataluña y el Estado (no el Gobierno central). Poco a poco van dando la cara los costes de las decisiones tomadas por el presidente del Gobierno en una política territorial que atendió exclusivamente a un interés partidista. Por otro lado, es también razonable que la expansión económica de determinadas comunidades vaya acompañada de una adecuada inversión en infraestructuras y que se espere de otras una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, que no deben ser empleados en mantener una red de subvenciones y subsidios ilimitados y sin condiciones. Entre ignorar la realidad o exagerar los desequilibrios hay un término medio que debe ser el eje del acuerdo político entre PP y PSOE para la financiación autonómica.
EDITORIAL DIARIO ABC DE 17 DE JULIO DE 2008
LA publicación de las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido una cesión inútil del Gobierno a la presión del tripartito catalán y de las formaciones nacionalistas que querían poner números a su permanente estado de queja y reivindicación. La polémica está viciada en su origen porque el Gobierno aceptó el planteamiento nacionalista de que esas balanzas reflejarían el desequilibrio entre lo que algunas comunidades aportan al conjunto del país y lo que reciben como servicios públicos. Esta forma de entender la solidaridad ignora aspectos fundamentales de la contribución al interés general y empuja a conclusiones erróneas porque no reflejan fielmente el estado de la cuestión. No son los territorios, sino los ciudadanos y las empresas las que aportan fondos a través de sus impuestos. Además, es lógico que quienes crean más riqueza sean, al mismo tiempo, los que más aportan a los demás ciudadanos. Por otro lado, las discrepancias entre los expertos sobre los criterios de medición de las balanzas obligan a no dogmatizar sobre sus resultados. Por ejemplo, no se debe obviar que los impuestos de una empresa tributan por los servicios pagados por ciudadanos de cualquier rincón de España. Una cosa es dónde se genera la riqueza y otra distinta dónde se computa a efectos fiscales. También los ciudadanos pagan impuestos por lo que ganan, no por los servicios públicos de educación, sanidad o transporte que reciben. La cohesión social o la solidaridad entre regiones tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia a una misma realidad nacional. Sin ese sentimiento, la solidaridad es sustituida por la contabilidad.
El problema político no sólo subsiste sino que se agrava al dar publicidad a unos datos sembrados de dudas metodológicas y que conducen a la confusión, porque abierta la caja de los números, cada cual los lee a su manera y reclama para sí la prueba del agravio. Esta no es la forma de funcionar en un Estado unitario, basado en la idea de una nación articulada por la igualdad y la solidaridad entre sus ciudadanos. La publicación de las balanzas va a complicar innecesariamente cualquier negociación sobre financiación autonómica, porque ya está excitando agravios y dando coartadas a actitudes egoístas. Nada sería más perjudicial para la sociedad española, sobre todo en un momento de grave crisis como el actual, que el Estado autonómico fuera el escenario de una partición entre comunidades «contribuyentes» y comunidades «receptoras».
Ahora bien, más allá de las distancias que hay que tomar para valorar estos datos, sí deben tenerse en consideración para un doble efecto político. Por un lado, la queja del tripartito catalán es desproporcionada. Con criterios territoriales, Madrid y Baleares están por delante de Cataluña en déficit fiscal. Cuestión distinta es que esta comparación sea irrelevante para el tripartito presidido por José Montilla, porque el Estatuto catalán prevé un sistema propio de financiación, desvinculado del interés general y basado en una relación confederal entre Cataluña y el Estado (no el Gobierno central). Poco a poco van dando la cara los costes de las decisiones tomadas por el presidente del Gobierno en una política territorial que atendió exclusivamente a un interés partidista. Por otro lado, es también razonable que la expansión económica de determinadas comunidades vaya acompañada de una adecuada inversión en infraestructuras y que se espere de otras una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, que no deben ser empleados en mantener una red de subvenciones y subsidios ilimitados y sin condiciones. Entre ignorar la realidad o exagerar los desequilibrios hay un término medio que debe ser el eje del acuerdo político entre PP y PSOE para la financiación autonómica.
EDITORIAL DIARIO ABC DE 17 DE JULIO DE 2008
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